Después de un accidente de trabajo siempre llega la misma pregunta: ¿hizo la empresa lo necesario para prevenirlo, y puede demostrarlo? Esa es la debida diligencia del empleador en seguridad y salud en el trabajo, y la respuesta pesa en la inspección de SUNAFIL, en el juicio por la indemnización y, en los casos graves, en un proceso penal contra quien estaba obligado a prevenir. Esta guía explica qué significa ser diligente según la ley y los tribunales peruanos, cómo se demuestra y qué han decidido los jueces, con cada resolución citada por su número, su órgano y su fecha. Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal. Ante un accidente o un proceso concreto, consulta con un abogado.
Qué es la debida diligencia en seguridad y salud en el trabajo
Ni la Ley 29783 ni su reglamento, el DS 005-2012-TR, definen la «debida diligencia». Hablan del deber de prevención: el empleador garantiza en el centro de trabajo «el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores» (principio I) y asume «las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole» de un accidente o una enfermedad (principio II). Incumplir ese deber «genera la obligación de pagar las indemnizaciones» a las víctimas o a sus derechohabientes (artículo 53).
La Corte Suprema sí describe al empleador diligente. Lo hace en el planteamiento del Tema I del VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional, que es la exposición que precede al acuerdo, no el acuerdo mismo: no basta con cumplir las normas, sino que «se exige un empleador diligente que busque reducir al mínimo posible cualquier afectación que pueda sufrir el trabajador en su salud o vida». Y lo define como el que, además de cumplir las normas legales o reglamentarias de SST, capacitó a sus trabajadores sobre ellas y sobre las consecuencias de su actividad en la salud, analizó e identificó de forma íntegra los riesgos de la actividad o del centro de trabajo, tomó medidas para minimizarlos o eliminarlos y fiscalizó que se cumplieran.
SUNAFIL usa la expresión como criterio. En un precedente de observancia obligatoria, el Tribunal de Fiscalización Laboral pide que, ante un accidente, la inspección «evalúe con rigor, al momento de calificar los hechos, los elementos que permitan verificar la debida diligencia del empleador en materia de prevención» (Resolución de Sala Plena —en adelante, RSP— N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL, fundamento 82).
En el ámbito de las empresas y los derechos humanos, la recogen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (2011): «con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos» (principio 17). El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, aprobado por el DS 009-2021-JUS, incluye entre sus lineamientos la «promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos».
En la práctica: qué hace un empleador diligente
Las normas y las resoluciones de esta guía se traducen en tareas concretas, cada una con su base:
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos de cada puesto, y actualizar la evaluación una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o haya daños (artículo 57 de la Ley 29783). Es la matriz IPERC.
- Controlarlos en orden de prioridad: eliminar los peligros en su origen; si no se puede, tratarlos o aislarlos, minimizarlos con sistemas de trabajo seguro, sustituir lo peligroso por lo que lo sea menos y, en último caso, dar equipos de protección personal (artículo 21).
- Vigilar la salud con los exámenes médicos ocupacionales que la ley pone a cargo del empleador (artículo 49, literal d) y llevar su registro (artículo 33, literal b, del Reglamento).
- Capacitar: no menos de cuatro capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo (artículo 35, literal b). Lo explicamos en la guía de la Ley 29783.
- Supervisar y fiscalizar que las medidas se cumplan. El Tribunal Constitucional lo dice así: «es menester que el empleador fiscalice la ejecución de las labores encomendadas» (Exp. N.° 02208-2017-PA/TC, fundamento 10).
- Vigilar a los contratistas que trabajan en tus instalaciones (artículo 68, literal d). Lo vemos más abajo.
- Investigar los accidentes e incidentes y registrar la investigación y las medidas correctivas (artículo 33, literal a, del Reglamento).
Cómo se demuestra la diligencia
La diligencia se demuestra con registros. El empleador lleva los registros y la documentación del sistema de gestión, actualizados y «a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente» (artículo 28 de la Ley 29783), y el artículo 33 del Reglamento fija los obligatorios. Entre ellos:
- Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes, «en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas» (literal a).
- Exámenes médicos ocupacionales (literal b).
- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos (literal c).
- Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo (literal d).
- Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia (literal g).
Cuánto tiempo se guarda cada uno lo explicamos en la guía de conservación de los exámenes médicos ocupacionales. Esos registros cuentan ante SUNAFIL. Según un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral, cuando el accidente tiene como causa directa la conducta del trabajador que, de manera consciente y voluntaria, incumple las normas de seguridad y salud previamente instruidas por el empleador, y este «acreditó haber cumplido con sus obligaciones de capacitación, supervisión e información», «se configura una ruptura del nexo causal que excluye la responsabilidad del empleador» (RSP N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL, fundamento 80, supuesto b).
Pero el registro no lo es todo. En otro precedente, el mismo tribunal dijo que el deber de vigilancia de la salud «no se agota en el cumplimiento formal» de llevar los registros de exámenes médicos (fundamento 6.19), y que «la omisión de medidas de evaluación médica que consideren esta dimensión [la salud mental], particularmente en procesos de reincorporación tras eventos traumáticos o durante tratamientos psiquiátricos en curso, constituye un incumplimiento del deber legal del empleador» (RSP N.° 007-2025-SUNAFIL/TFL, fundamento 6.24).
Y la ley pone un límite a cualquier papel: «De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad» (principio VIII de la Ley 29783, de primacía de la realidad).
Penal, administrativa y civil: tres responsabilidades distintas
Un mismo accidente puede dar lugar a responsabilidades en tres vías, con reglas distintas. En el caso del gerente general condenado que contamos más abajo, SUNAFIL ya había multado a la empresa por no identificar adecuadamente los peligros y riesgos de la máquina en la que murió el trabajador.
| Vía | Quién responde | Ante quién | Qué hay que acreditar | Qué arriesga |
|---|---|---|---|---|
| Penal | Quien comete el delito. En el artículo 168-A, «El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado» pone en peligro grave a sus trabajadores. Sobre quien actúa por una empresa, mira directivos. | Ministerio Público y juez penal. Los incumplimientos de la normativa de SST imputables al empleador que resulten en un accidente mortal, determinados en una resolución administrativa, los pone en conocimiento del Ministerio Público la Autoridad Inspectiva de Trabajo «en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles» (artículo 39 de la Ley 28806). | Depende del delito. En el 168-A, la infracción deliberada estando legalmente obligado y el peligro inminente y grave; con muerte o lesión grave, que el agente pudo prever el resultado. La Sala de Lima exige «la intención deliberada de incumplimiento» (Exp. N.° 1164-2021). En el homicidio y las lesiones culposas (artículos 111 y 124), la culpa. Cuál se imputa lo decide el juez: lo explicamos en la vía penal. | Depende del delito. En el 168-A, pena privativa de libertad de 1 a 4 años, de 4 a 8 con muerte y de 3 a 6 con lesión grave. En el homicidio y las lesiones culposas, las penas de los artículos 111 y 124, que detallamos en la vía penal. Y reparación civil. |
| Administrativa | El empleador, en la relación laboral (artículo 32, literal a, de la Ley 28806). | SUNAFIL: inspección y procedimiento sancionador. | La infracción. En un accidente, el inspector debe acreditar que el incumplimiento lo originó (artículo 95 del Reglamento): «El nexo causal es el elemento gravitante» (RSP N.° 005-2022-SUNAFIL/TFL, fundamento 6.21). | Multa (tabla de multas). Si el incumplimiento produce la muerte, multa y cierre temporal del área o de la unidad económica (artículo 39 de la Ley 28806). |
| Civil-laboral | El empleador (artículo 53 de la Ley 29783). | Juez laboral. | El Reglamento pide acreditar que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor y del incumplimiento del empleador (artículo 94). La Corte Suprema declaró precedente que, probado el daño por un accidente de trabajo, «debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención» (Casación Laboral N.° 4258-2016-Lima). | Indemnización a la víctima o a sus derechohabientes. |
El acuerdo del VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional dice que «El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador», y que, si se reconoce al trabajador una indemnización, «el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos», sin exceder lo ordenado por daño emergente, lucro cesante o daño moral. En el caso de un trabajador que murió por un sismo, la Corte Suprema dijo en 2026 que «ni el artículo 53 de la Ley N.° 29783, ni la Casación Laboral N.° 4258-2016 Lima están referidos a lesiones o muertes sufridas por el trabajador como consecuencia de casos fortuitos» (Casación Laboral N.° 28551-2023-Ica). Cómo se aplican estos criterios y el artículo 94 del Reglamento en un caso concreto lo decide el juez.
Cómo pesa la diligencia en la vía penal
El artículo 168-A del Código Penal, «Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo», es el delito específico de la SST. En el texto que le dio el DU 044-2019 (El Peruano, 30 de diciembre de 2019), castiga con pena privativa de libertad de 1 a 4 años a quien, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, «ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave». Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada, se causa la muerte del trabajador o de terceros o una lesión grave, «y el agente pudo prever este resultado», la pena es de 4 a 8 años en caso de muerte y de 3 a 6 en caso de lesión grave.
Tres versiones del mismo artículo
- 2011, Ley 29783. Incorpora el artículo con el nombre «Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales». Castigaba a quien, infringiendo las normas de SST y estando legalmente obligado, no adoptara las medidas preventivas necesarias, con 2 a 5 años, y con 5 a 10 si ocurría un accidente con muerte o lesiones graves. No exigía que la infracción fuera deliberada.
- 2014, Ley 30222. Añade «deliberadamente», exige que el infractor haya sido «notificado previamente por la autoridad competente» y un peligro inminente, fija las mismas penas que mantiene el texto de 2019 y excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o las lesiones graves «son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador».
- 2019, DU 044-2019. Suprime la notificación previa y esa exclusión, y añade que el peligro sea «de forma grave».
El caso del gerente general (Exp. N.° 1164-2021)
La Sétima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima explicó el 25 de julio de 2023 qué exige el delito: la infracción de las normas de SST; un peligro inminente y grave para la vida, la salud o la integridad física del trabajador, «cristalizado en un peligro concreto»; y una infracción deliberada: «no basta que el delito sea doloso, esto es, que el empleador sepa que está infringiendo normas de seguridad y salud en el trabajo, sino que debe existir la intención deliberada de incumplimiento». Los hechos eran de abril de 2019, antes del DU 044-2019, y la Sala transcribe el artículo en su texto de 2014, que todavía exigía la notificación previa de la autoridad.
Un operario que trabajaba en la planta de una empresa de lavado de prendas murió por una descarga eléctrica al meter la mano en la caja eléctrica de la máquina lavadora, donde había guardado una prenda, sin autorización para abrirla. Al gerente general de la empresa se le imputó «no haber cumplido diligentemente con las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo» de identificación de peligros y evaluación de riesgos, al no haberse adoptado las medidas de prevención y protección. La Sala se apoyó en la inspección de SUNAFIL, que constató que «las cajas de alta tensión eléctrica se encontraban expuestas y sin ninguna protección», y en la multa que SUNAFIL impuso a la empresa por no identificar adecuadamente los peligros y riesgos de la máquina y de la electricidad.
La defensa alegó que el trabajador se puso en peligro a sí mismo. La Sala respondió, con la doctrina que cita, que «si bien el empresario no tiene un deber de control absoluto, si [sic] tiene el deber de prever las imprudencias no temerarias», y que puede confiar en que no se produzcan imprudencias graves «en la medida que haya realizado los controles oportunos como la adopción de determinadas medidas de seguridad». Confirmó la condena: 4 años de pena privativa de libertad y S/ 180.000 de reparación civil. La resolución no precisa si la pena es efectiva o suspendida.
En noviembre de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema reprodujo ese razonamiento —«El tipo delictivo imputado reside en el incumplimiento del deber de prevención de los riesgos laborales»— y citó en nota esta sentencia, en el caso de un alcalde que resumimos en directivos.
Homicidio y lesiones culposas
El Código Penal castiga también el homicidio culposo y las lesiones culposas. La culpa solo se castiga «en los casos expresamente establecidos por la ley» (artículo 12), y estos son dos de ellos. Según la impresión del SPIJ actualizada al 16 de septiembre de 2018, el homicidio culposo tiene pena privativa de libertad no mayor de 2 años (o servicio comunitario), y de 1 a 4 años «si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria» (artículo 111); las lesiones culposas, de 1 a 2 años si la lesión es grave y de 1 a 3 si el delito resulta de esa misma inobservancia (artículo 124). Con varias víctimas, las penas suben. Esta guía no entra en cuándo se imputa cada delito en un accidente de trabajo ni en si pueden concurrir con el artículo 168-A: depende de los hechos y es materia del abogado del caso.
Decisiones reales: condenas, casaciones y precedentes
Estas son las resoluciones que leímos en su texto íntegro. Las identificamos por número, órgano y fecha, sin los nombres de las personas ni de las empresas. Cuando no localizamos una copia oficial, enlazamos la reproducción íntegra de LP Derecho. La Revisión de Sentencia NCPP N.° 244-2022 la citamos sin enlace.
| Resolución | Vía | Qué decide | Cita literal |
|---|---|---|---|
| Exp. N.° 1164-2021. Corte Superior de Justicia de Lima, Sétima Sala Penal Liquidadora, 25-07-2023 (reproducción en LP Derecho) | Penal (artículo 168-A) | Confirma la condena de un gerente general por la muerte de un operario en la planta de la empresa: 4 años de pena privativa de libertad y S/ 180.000 de reparación civil. Hechos de abril de 2019, con el texto de 2014 del artículo. | «debe existir la intención deliberada de incumplimiento» (4.3) |
| Revisión de Sentencia NCPP N.° 244-2022. Corte Suprema, Sala Penal Permanente, 21-11-2024 (sin enlace) | Penal (artículo 168-A) | Declara infundada la demanda de revisión de un alcalde condenado por la muerte de un operario de la municipalidad en 2014: 4 años de pena privativa de libertad, suspendida por 3. | «El tipo delictivo imputado reside en el incumplimiento del deber de prevención de los riesgos laborales» (fundamento séptimo) |
| Casación Laboral N.° 4258-2016-Lima. Corte Suprema, Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 30-09-2016 (reproducción en LP Derecho) | Civil-laboral (artículo 53) | Declara su considerando noveno «precedente de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores». | «Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención» (noveno) |
| VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional, Tema I. Corte Suprema (Poder Judicial) | Civil-laboral | Acuerda que el empleador, como garante, siempre es responsable, y que el juez ordenará de oficio el pago de daños punitivos si reconoce una indemnización. | «El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador» (acuerdo) |
| Casación Laboral N.° 25875-2018-Tacna. Corte Suprema, misma sala, 24-10-2019 (reproducción en LP Derecho) | Civil-laboral | La negligencia del trabajador no es causa exclusiva del accidente si el empleador debía supervisarlo. | «no puede alegarse la negligencia del trabajador como causa exclusiva del accidente de trabajo ya que es el empleador, en su rol de dirección, quien debió supervisar el cumplimiento de las funciones del actor» (17.3) |
| Casación Laboral N.° 30680-2023-Lima. Corte Suprema, misma sala, 19-01-2026 (reproducción en LP Derecho) | Civil-laboral | El estado de ebriedad del trabajador fallecido no exime a las dos empresas codemandadas, su empleadora y la empresa que la había contratado. Confirma la sentencia que declaró fundada en parte la demanda. | «dicha circunstancia no constituye una eximente de responsabilidad de las empresas codemandadas» (vigésimo sexto) |
| Casación Laboral N.° 28551-2023-Ica. Corte Suprema, misma sala, 07-04-2026 (reproducción en LP Derecho) | Civil-laboral (caso fortuito) | La muerte de un trabajador por un sismo, caso fortuito, no entra en el artículo 53 ni en la Casación Laboral N.° 4258-2016-Lima. | «ni el artículo 53 de la Ley N.° 29783, ni la Casación Laboral N.° 4258-2016 Lima están referidos a lesiones o muertes sufridas por el trabajador como consecuencia de casos fortuitos» (quinto) |
| Exp. N.° 02208-2017-PA/TC. Tribunal Constitucional, Pleno, 25-09-2020 (tc.gob.pe) | Constitucional | Declara infundado un amparo y describe el deber de prevención y de fiscalizar del empleador. | «es deber de los empleadores identificar, evaluar y prevenir los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores» (fundamento 10) |
| RSP N.° 005-2022-SUNAFIL/TFL. Tribunal de Fiscalización Laboral, Sala Plena, 02-08-2022 (gob.pe) | Administrativa | Precedente sobre las infracciones por accidente con daño (28.10) y mortal (28.11). | «El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11» (6.21) |
| RSP N.° 002-2025-SUNAFIL/TFL. Tribunal de Fiscalización Laboral, Sala Plena, 27-02-2025 (gob.pe) | Administrativa | Precedente sobre el accidente mortal en una subcontratación: cuándo responde la empresa principal y cuándo se le aplica la multa agravada. | «no pueden ser encuadrados a las meras previsiones contractuales que pretendan fragmentar la responsabilidad» (6.14) |
| RSP N.° 007-2025-SUNAFIL/TFL. Tribunal de Fiscalización Laboral, Sala Plena, 27-06-2025 (El Peruano) | Administrativa | Precedente: la vigilancia de la salud comprende la salud mental. | «el deber de prevención y vigilancia de la salud del trabajador comprende no solo el monitoreo de su estado físico, sino también la protección efectiva de su salud mental» (6.24) |
| RSP N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL. Tribunal de Fiscalización Laboral, Sala Plena, 27-06-2025 (El Peruano) | Administrativa | Precedente sobre la ruptura del nexo causal por la conducta del trabajador o por hechos externos, y sobre la evaluación de la diligencia del empleador. | «los elementos que permitan verificar la debida diligencia del empleador en materia de prevención» (82) |
No encontramos un acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre el artículo 168-A ni una casación o un recurso de nulidad de la Corte Suprema por homicidio o lesiones culposas en un accidente de trabajo.
Gerentes, jefes de SST y supervisores
El Código Penal tiene una regla para quien actúa por una empresa. Según la impresión del SPIJ actualizada al 16 de septiembre de 2018, «El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada» (artículo 27). Ninguna de las dos resoluciones que resumimos a continuación cita este artículo.
Un gerente general condenado. En el Exp. N.° 1164-2021, la Sétima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el 25 de julio de 2023 la condena del gerente general de una empresa, como autor del delito del artículo 168-A, por la muerte de un operario en la planta. Se le imputó no haber cumplido diligentemente sus obligaciones de identificación de peligros y evaluación de riesgos, al no haberse adoptado las medidas de prevención y protección; la inspección encontró las cajas eléctricas expuestas y sin protección. Pena: 4 años de pena privativa de libertad y S/ 180.000 de reparación civil; la resolución no precisa si la pena es efectiva o suspendida. La Sala exigió «la intención deliberada de incumplimiento» y recordó que el empresario «no tiene un deber de control absoluto», pero sí el de prever las imprudencias no temerarias de sus trabajadores. Los hechos los contamos en la vía penal.
Un alcalde, con la condena firme. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada el 21 de noviembre de 2024 la demanda de revisión de un alcalde condenado por la muerte de un operario de su municipalidad en 2014, a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por 3 (Revisión de Sentencia NCPP N.° 244-2022). Según los hechos que resume la Corte, «no cumplió diligentemente con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, lo que provocó la muerte» del trabajador, y la norma infringida le obligaba a implementar una matriz de riesgos (IPER), la capacitación especializada de los trabajadores, una orden de trabajo con los riesgos de cada actividad y la supervisión permanente de sus labores (fundamento octavo).
Jefes de SST y supervisores. No encontramos jurisprudencia penal que hayamos podido leer sobre la responsabilidad de un jefe de SST o de un supervisor, y esta guía no se pronuncia sobre ella.
La diligencia en el control de los contratistas
Cuando los trabajadores de una empresa desarrollan actividades en sus instalaciones junto con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas, la Ley 29783 hace a esa empresa principal garante del «deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones» (artículo 68, literal b) y de la vigilancia del cumplimiento de la normativa de SST por parte de sus contratistas (literal d). Si incumple esa vigilancia o la verificación de los seguros de sus contratistas, «la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse» (literales c y d). Además, responde directamente por las infracciones de SST, también respecto de los trabajadores de sus contratistas (artículo 103), y no verificar que sus contratistas cumplan la normativa de SST es una infracción grave (numeral 27.16 del DS 019-2006-TR).
El Tribunal de Fiscalización Laboral fijó en 2025 un precedente para el accidente mortal en una subcontratación (RSP N.° 002-2025-SUNAFIL/TFL):
- La vida y la dignidad en el trabajo «no pueden ser encuadrados a las meras previsiones contractuales que pretendan fragmentar la responsabilidad del ente empleador con relación a la seguridad y salud en el trabajo» (fundamento 6.14).
- En la subcontratación íntegra, si el personal del contratista no confluye con el de la principal, la multa agravada recae en la contratista, y la principal responde «siempre que se acredite que su incumplimiento en el deber de coordinación y/o vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo ocasionó (fue nexo causal) del accidente», sin el agravamiento del numeral 48.1-C (fundamento 6.26, supuesto i).
- En la subcontratación parcial, si los trabajadores de ambas empresas comparten el entorno y hacen labores semejantes, hay «responsabilidad compartida»: si el incumplimiento de la principal fue nexo causal, su multa se calcula con el agravamiento del 48.1-C, sobre el universo de trabajadores de su planilla (fundamento 6.26, supuesto ii).
En lo civil, la Corte Suprema no eximió a las dos empresas codemandadas —la empleadora y la empresa que la había contratado— por la muerte de un conductor que trasladaba mineral de esta última, aunque el trabajador estaba ebrio: «dicha circunstancia no constituye una eximente de responsabilidad de las empresas codemandadas» (Casación Laboral N.° 30680-2023-Lima).
Cómo ayuda Prevecón a documentarla
Ningún proveedor puede hacer diligente a una empresa: puede ayudarla a cumplir y a dejar constancia de lo que hace. Contratar a un tercero no traslada la responsabilidad: delegar «no lo exime de su deber de prevención» (artículo 26 de la Ley 29783), y contratar una empresa especializada «no libera a la empresa principal de su obligación de acreditar ante la autoridad competente el cumplimiento de dichas obligaciones» (artículo 26-A del Reglamento).
- Vigilancia de la salud. Hacemos los exámenes médicos ocupacionales que el literal d del artículo 49 pone a cargo del empleador. Entregamos el certificado de aptitud médica ocupacional, firmado por médico ocupacional, en menos de 12 horas desde que termina el examen (algunas pruebas que procesa un laboratorio externo pueden alargar el plazo), en PDF firmado digitalmente con código de verificación, y con cada EMO la documentación para tu registro de exámenes médicos ocupacionales. La historia clínica ocupacional la custodia el médico ocupacional.
- Sistema de gestión. Con GISSO operamos el sistema de gestión de SST de tu empresa: la matriz IPERC, el PASST, las capacitaciones, las inspecciones planeadas y la investigación de incidentes. Tú mantienes la toma de decisiones y la firma del empleador.
- Monitoreos. Medimos ruido, iluminación, polvo y gases con monitoreos ocupacionales, cuyo registro es obligatorio (artículo 33, literal c, del Reglamento).
Lo que no prometemos: ningún servicio evita por sí solo una condena, una multa o una indemnización, y ningún documento sustituye a lo que la autoridad constata en la realidad.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la debida diligencia en seguridad y salud en el trabajo?
- Es hacer, y poder demostrar, lo necesario para prevenir el daño a los trabajadores: identificar los peligros y evaluar los riesgos, controlarlos, vigilar la salud, capacitar y fiscalizar que las medidas se cumplan. La Corte Suprema describe al «empleador diligente» en el planteamiento del VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional, y SUNAFIL pide evaluar «la debida diligencia del empleador en materia de prevención» en los accidentes (Resolución de Sala Plena N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL, fundamento 82).
- ¿La ley peruana define la debida diligencia?
- No. Ni la Ley 29783 ni su reglamento la definen: hablan del deber de prevención del empleador (principios I y II, y artículo 53 de la ley). En el ámbito de las empresas y los derechos humanos, la recogen los Principios Rectores de la ONU (principio 17), y el Perú la incluye en su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (DS 009-2021-JUS).
- ¿Un accidente de trabajo siempre es delito?
- No necesariamente. El artículo 168-A del Código Penal exige infringir deliberadamente las normas de seguridad y salud en el trabajo estando legalmente obligado y poner en peligro inminente y grave la vida o la salud de los trabajadores; la Sala de Lima pidió además «la intención deliberada de incumplimiento» (Exp. N.° 1164-2021). El Código Penal castiga también el homicidio y las lesiones culposas (artículos 111 y 124). Si un accidente encaja en alguno de esos delitos depende de los hechos y lo decide el juez.
- ¿Puede ser condenado un gerente por un accidente de trabajo?
- Hay casos. En 2023, la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la condena de un gerente general por el artículo 168-A, por la muerte de un operario: 4 años de pena privativa de libertad y S/ 180.000 de reparación civil; la resolución no precisa si la pena es efectiva o suspendida (Exp. N.° 1164-2021). En 2024, la Corte Suprema declaró infundada la revisión de la condena de un alcalde por la muerte de un operario municipal: 4 años, suspendida por 3 (Revisión de Sentencia NCPP N.° 244-2022).
- ¿El empleador siempre paga la indemnización?
- El acuerdo del VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional dice que el empleador, «como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador», y la Casación Laboral N.° 4258-2016-Lima declaró precedente que, probado el daño por un accidente de trabajo, debe atribuirse al incumplimiento del deber de prevención. En el caso de una muerte por un sismo, la Corte Suprema dijo en 2026 que ni el artículo 53 de la Ley 29783 ni esa casación se refieren a las lesiones o muertes por caso fortuito (Casación Laboral N.° 28551-2023-Ica). El Reglamento pide acreditar que la causa determinante del daño es la labor y el incumplimiento del empleador (artículo 94). Cada caso lo decide el juez.
- ¿Si el trabajador incumplió las normas, el empleador queda libre?
- No necesariamente. En lo civil, la Corte Suprema no aceptó la negligencia del trabajador como causa exclusiva cuando el empleador debía supervisarlo (Casación Laboral N.° 25875-2018-Tacna), ni su estado de ebriedad como eximente (Casación Laboral N.° 30680-2023-Lima). Ante SUNAFIL, la conducta imprudente o temeraria del trabajador «puede incidir en la determinación del nexo causal»; si se acredita que asumió «de manera consciente y voluntaria un riesgo manifiestamente ajeno al curso ordinario de sus labores», puede configurarse una causa autónoma de daño que excluye, total o parcialmente, la responsabilidad administrativa del empleador (Resolución de Sala Plena N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL, fundamento 81).
- ¿Delegar la SST en un jefe o en una empresa externa libera al empleador?
- No. El empleador delega funciones y autoridad en el personal de SST, pero eso «no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento» (artículo 26 de la Ley 29783). Y contratar una empresa especializada «no libera a la empresa principal de su obligación de acreditar» ante la autoridad el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 26-A del Reglamento).
- ¿La empresa principal responde por el accidente del trabajador de un contratista?
- Puede responder. Ante SUNAFIL, responde si su incumplimiento del deber de coordinación o de vigilancia fue nexo causal del accidente, y la multa agravada solo se le aplica si sus trabajadores confluyen con los del contratista en labores semejantes (Resolución de Sala Plena N.° 002-2025-SUNAFIL/TFL). En lo civil, la Ley 29783 la hace responsable solidaria de los daños e indemnizaciones si no vigila que sus contratistas cumplan la normativa de SST (artículo 68, literal d). Lo explicamos en contratistas.
Para las obligaciones y las multas, mira la guía de la Ley 29783; para los plazos de los registros, la de conservación de los exámenes médicos ocupacionales.
Fuentes
- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (texto con las modificaciones de la Ley 30222, publicado en gob.pe)
- Ley 30222, que modifica la Ley 29783 y el artículo 168-A del Código Penal (El Peruano, 11 de julio de 2014; copia en gob.pe)
- Ley 31246, que modifica el artículo 49 de la Ley 29783 (El Peruano, 25 de junio de 2021)
- DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783 (texto concordado publicado en gob.pe)
- Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo (texto concordado del SPIJ publicado en gob.pe)
- DS 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (texto concordado del SPIJ publicado en gob.pe)
- DS 008-2020-TR, que incorpora los numerales 27.16 y 28.11 al DS 019-2006-TR (El Peruano, 10 de febrero de 2020)
- DU 044-2019, que modifica el artículo 168-A del Código Penal y el artículo 39 de la Ley 28806 (El Peruano, 30 de diciembre de 2019)
- Código Penal, impresión del SPIJ actualizada al 16 de septiembre de 2018 (reproducción en animallaw.info)
- Naciones Unidas — Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (2011)
- DS 009-2021-JUS, que aprueba el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (El Peruano, 11 de junio de 2021)
- Corte Superior de Justicia de Lima, Sétima Sala Penal Liquidadora, Exp. N.° 1164-2021, 25 de julio de 2023 (reproducción en LP Derecho)
- Corte Suprema, Casación Laboral N.° 4258-2016-Lima, 30 de septiembre de 2016 (reproducción en LP Derecho)
- Corte Suprema, VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y Previsional (Poder Judicial)
- Corte Suprema, Casación Laboral N.° 25875-2018-Tacna, 24 de octubre de 2019 (reproducción en LP Derecho)
- Corte Suprema, Casación Laboral N.° 30680-2023-Lima, 19 de enero de 2026 (reproducción en LP Derecho)
- Corte Suprema, Casación Laboral N.° 28551-2023-Ica, 7 de abril de 2026 (reproducción en LP Derecho)
- Tribunal Constitucional, Exp. N.° 02208-2017-PA/TC, 25 de septiembre de 2020
- SUNAFIL, Tribunal de Fiscalización Laboral, Resolución de Sala Plena N.° 005-2022-SUNAFIL/TFL (gob.pe)
- SUNAFIL, Tribunal de Fiscalización Laboral, Resolución de Sala Plena N.° 002-2025-SUNAFIL/TFL (El Peruano, 23 de marzo de 2025; copia en gob.pe)
- SUNAFIL, Tribunal de Fiscalización Laboral, Resoluciones de Sala Plena N.° 007-2025 y N.° 008-2025-SUNAFIL/TFL (El Peruano, Precedentes vinculantes, 3 de agosto de 2025)